Los consumidores de Connecticut cuentan desde este mes con nuevas protecciones para cancelar suscripciones, membresías y contratos que se renuevan automáticamente, según informó la Oficina del Procurador General del estado.
Las actualizaciones a la ley estatal de renovación automática entraron en vigor el 1 de julio y buscan evitar que los residentes queden atrapados en pagos recurrentes difíciles de cancelar. La medida aplica a empresas cubiertas que ofrecen contratos de bienes o servicios que se renuevan automáticamente si el consumidor no toma acción para cancelarlos.
Bajo la ley, esas empresas deben enviar recordatorios anuales a los consumidores antes de la renovación. El aviso debe incluir información sobre los bienes o servicios cubiertos, la frecuencia y el costo de la renovación, además de instrucciones claras para cancelar.
La ley también exige que las empresas ofrezcan una manera sencilla de cancelar. Si la compañía tiene una plataforma en línea, debe proporcionar una opción clara de cancelación por internet o una dirección de correo electrónico dedicada para ese propósito. Si no tiene plataforma en línea, debe ofrecer un número telefónico para cancelar.
Además, las empresas ya no pueden exigir que una persona cancele un contrato de renovación automática en persona o por correo postal. También deben procesar las solicitudes de cancelación sin obstrucciones ni demoras. En ciertos casos, si un consumidor deja un mensaje de voz con información suficiente para cancelar, la empresa debe procesar la cancelación dentro de un día hábil.
El procurador general William Tong dijo que las empresas que no cumplan podrían estar incurriendo en prácticas comerciales injustas y quedar sujetas a investigación por parte de su oficina y del Departamento de Protección al Consumidor de Connecticut.
La medida puede ser especialmente relevante para familias que pagan servicios digitales, membresías de gimnasio, entregas recurrentes, publicaciones, aplicaciones u otros servicios que se cobran de forma automática. Sin embargo, no todos los negocios están cubiertos. La ley contempla exenciones para ciertas entidades reguladas, incluidas empresas de servicios públicos, bancos, cooperativas de crédito, aseguradoras y algunos proveedores nacionales o globales de contenido audiovisual.
Los consumidores que crean que una empresa no está cumpliendo pueden presentar una queja ante la Oficina del Procurador General o el Departamento de Protección al Consumidor de Connecticut.
