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Juez federal permite que agentes de ICE sigan usando máscaras durante operativos en Connecticut

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HARTFORD, Connecticut, 20 de noviembre de 2026. Un juez federal suspendió provisionalmente varias disposiciones de una ley de Connecticut que imponía restricciones a los agentes de inmigración y otros funcionarios federales, incluidas normas sobre el uso de máscaras durante operativos, la identificación visible de los oficiales y la supervisión estatal del uso de la fuerza.

El juez Vernon D. Oliver, del Tribunal Federal para el Distrito de Connecticut, concedió este viernes una medida cautelar preliminar solicitada por el gobierno de Estados Unidos. La decisión impide temporalmente que el estado aplique determinadas restricciones a funcionarios federales mientras continúa el litigio. No constituye una sentencia definitiva ni elimina toda la legislación estatal.

¿Qué restricciones quedan suspendidas?

La decisión afecta disposiciones de la Ley Pública 26-14, aprobada en mayo de 2026. Entre las normas cuestionadas se encuentran:

  • Uso de máscaras: la prohibición general de que los agentes cubran sus rostros durante interacciones con el público, salvo excepciones previstas por la ley, como motivos médicos o determinadas operaciones encubiertas.
  • Identificación de agentes: el requisito de mostrar una insignia y una identificación con el nombre durante arrestos planificados u otras actuaciones oficiales frente al público, con excepciones específicas.
  • Uso de la fuerza: disposiciones que sometían a funcionarios federales a determinados estándares estatales y ampliaban la intervención de autoridades de Connecticut en investigaciones y posibles procesos por uso de fuerza letal o injustificada.

La suspensión se limita a su aplicación contra funcionarios, agentes y empleados federales. El tribunal no bloqueó esas disposiciones en cuanto regulan a policías estatales o municipales, según el alcance descrito en la decisión judicial.

Por qué el juez dio la razón provisionalmente al gobierno federal

El juez consideró probable que las disposiciones impugnadas, aplicadas a funcionarios federales durante el desempeño de sus responsabilidades, entren en conflicto con la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que establece la primacía del derecho federal sobre disposiciones estatales incompatibles.

Según la resolución, exigir a agentes federales que cumplan reglas estatales sobre su equipo, su identificación y su actuación durante operativos podría interferir con el cumplimiento de funciones federales. El tribunal también tomó en cuenta los riesgos de seguridad que podrían surgir para los agentes y sus familias.

La conclusión es provisional: el juez evaluó si existían fundamentos suficientes para impedir temporalmente la aplicación de las normas mientras se decide el fondo de la demanda.

¿Significa que ICE puede actuar sin límites?

No. La suspensión de estas disposiciones estatales no elimina las obligaciones constitucionales y federales de los agentes ni les otorga inmunidad automática frente a cualquier investigación o proceso penal.

El propio juez señaló que la protección de un funcionario federal frente a un procesamiento estatal depende de las circunstancias concretas, entre ellas si actuó dentro de su autoridad federal y si sus acciones fueron necesarias y apropiadas para cumplir sus funciones.

La decisión tampoco significa que todos los aspectos de la ley de Connecticut relacionados con inmigración o protección de derechos civiles hayan quedado invalidados. Su alcance se refiere a disposiciones específicas y a su aplicación al personal federal.

Una disputa que comenzó en mayo

El gobierno de Connecticut aprobó la Ley Pública 26-14 en mayo de 2026, en medio de un debate nacional sobre operativos migratorios, agentes enmascarados y supervisión del uso de la fuerza. La legislación también comprende otras medidas sobre derechos civiles y actividades de agentes del orden.

El 15 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado, el gobernador Ned Lamont y funcionarios responsables de aplicar las disposiciones cuestionadas. La administración federal sostuvo que Connecticut no puede imponer reglas a los oficiales encargados de ejecutar las leyes federales.

El estado defendió su autoridad para establecer protecciones legales y mecanismos de rendición de cuentas. El tribunal celebró una audiencia sobre la solicitud de medida cautelar en septiembre y emitió su decisión este viernes.

Qué funcionarios estatales quedan alcanzados por la orden

La resolución restringe la capacidad del estado, del gobernador Lamont y del fiscal estatal principal Patrick Griffin para hacer cumplir determinadas normas contra agentes federales. También limita la actuación del inspector general Eliot Prescott respecto de varias disposiciones relacionadas con el uso de la fuerza.

El juez apartó al fiscal general de Connecticut, William Tong, del caso al considerar que su oficina no tiene facultad para aplicar directamente las disposiciones específicamente impugnadas. Esa decisión procesal no debe confundirse con un pronunciamiento que invalide todas las demás facultades del fiscal general.

La oficina de Tong indicó que estaba revisando el fallo y evaluando los próximos pasos legales, según reportó CT Insider.

Qué ocurre ahora

La medida preliminar permanece sujeta al desarrollo del proceso judicial United States v. State of Connecticut, expediente 3:26-cv-00758. El estado puede continuar defendiendo la constitucionalidad de la ley y recurrir las decisiones judiciales conforme a las reglas procesales aplicables.

Para los residentes de Connecticut, el efecto inmediato es que las autoridades estatales no pueden hacer cumplir contra agentes federales las restricciones específicas suspendidas por el tribunal. Otras normas y protecciones legales no impugnadas en esta decisión siguen requiriendo un análisis separado.

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