CONNECTICUT — Los consumidores de Connecticut cuentan desde finales de septiembre con una protección especial contra aumentos injustificados en el precio de la gasolina, luego de que el estado declarara una “abnormal market disruption” en el mercado mayorista de combustibles.
La medida activa disposiciones de la ley estatal que prohíben a vendedores de gasolina y gasohol cobrar precios “inconscientemente excesivos” entre el 30 de septiembre y el 30 de octubre de 2026.
No todo aumento de precio es ilegal
La Oficina del Fiscal General explicó que los precios de la gasolina pueden fluctuar normalmente por cambios en costos mayoristas, transporte y otras condiciones del mercado.
La protección se aplica cuando existe una diferencia extraordinaria entre el precio cobrado durante la alteración del mercado y el precio normal inmediatamente anterior, y esa diferencia no puede justificarse por aumentos reales en los costos del vendedor.
El estado puede imponer sanciones
La Oficina del Fiscal General y el Departamento de Protección al Consumidor pueden investigar denuncias y tomar acciones contra negocios que se aprovechen de la situación.
Entre las posibles medidas se incluyen órdenes judiciales, restitución a consumidores y sanciones económicas. El Departamento de Protección al Consumidor puede imponer multas de hasta $10,000 por violación.
Qué debe guardar un consumidor
Las autoridades recomiendan conservar recibos y registrar:
- la dirección exacta de la estación;
- la fecha y hora de la compra;
- el precio por galón;
- y cualquier documentación que ayude a demostrar el cambio de precio.
La Oficina del Fiscal General indicó que las denuncias se analizan caso por caso y que un aumento por sí solo no constituye automáticamente price gouging.
Protección vigente durante octubre
La restricción especial permanecerá activa hasta el 30 de octubre, salvo que el estado emita una actualización diferente.
Los residentes que sospechen de un cobro abusivo pueden presentar una queja ante la Oficina del Fiscal General de Connecticut.
Fuentes: Office of the Attorney General, Department of Consumer Protection y Department of Energy and Environmental Protection.
