La Comisión Comercial Connecticut-Puerto Rico comenzó sus trabajos en Hartford con el objetivo de fortalecer los vínculos económicos, comerciales, educativos y culturales entre el estado y la isla, una iniciativa con especial relevancia para la comunidad puertorriqueña en Connecticut.
La comisión fue creada por la Ley Pública 25-13, aprobada en 2025 por la Asamblea General de Connecticut y firmada por el gobernador Ned Lamont. La ley establece un organismo de 23 miembros dentro del Departamento Legislativo con la misión de promover comercio e inversión bilateral, fomentar intercambios empresariales y académicos, impulsar apoyo económico mutuo y explorar colaboración en infraestructura.
La Oficina de Análisis Legislativo de Connecticut resumió que la comisión debe presentar recomendaciones de política pública y posibles cambios legislativos. El primer informe anual debe entregarse no más tarde del 1 de febrero de 2027 al gobernador, al Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario y al Comité de Comercio de la Asamblea General.
El representante estatal Christopher Rosario, demócrata de Bridgeport, destacó en una publicación oficial de la Cámara de Representantes que la comisión busca abrir nuevas oportunidades, promover turismo, crear empleos y fortalecer los lazos culturales entre ambas jurisdicciones. Rosario señaló que cerca de 300,000 puertorriqueños viven en Connecticut.
Según medios locales, durante la primera reunión de la comisión los integrantes acordaron organizar subcomités de trabajo sobre economía, turismo, vivienda, educación y salud. También se incorporó el tema energético, un área sensible tanto para Connecticut como para Puerto Rico por los costos de electricidad y los retos de infraestructura.
La ley establece que los miembros de la comisión deben tener participación actual o previa en organizaciones que promuevan asuntos puertorriqueños, o interés en las relaciones comerciales entre Connecticut y Puerto Rico. La estructura incluye nombramientos de líderes legislativos, integrantes del Comité de Comercio, designados del gobernador, un representante de una institución pública de educación superior, un representante de una cámara de comercio y dos representantes de comunidades puertorriqueñas o puertorriqueño-estadounidenses en Connecticut.
Para la comunidad hispana del estado, la iniciativa podría convertirse en una vía para conectar negocios, universidades, líderes comunitarios y agencias públicas con oportunidades en Puerto Rico. También puede servir como espacio para discutir necesidades compartidas en vivienda, fuerza laboral, educación, turismo, desarrollo económico y energía.
El impacto real dependerá de los acuerdos que produzcan los subcomités, la participación de actores en Puerto Rico y las recomendaciones que eventualmente lleguen a la Asamblea General. Hasta ahora, no se ha localizado documentación oficial que confirme la creación de una comisión paralela en Puerto Rico.
