El Departamento de Seguridad Nacional eliminará la regulación de 2022 y dará mayor discreción a los oficiales de inmigración para evaluar si determinados solicitantes podrían convertirse en una “carga pública”. El cambio no afecta por igual a todos los inmigrantes ni significa que recibir cualquier beneficio público impida obtener una residencia.
A partir del 18 de septiembre de 2026 entrará en vigor un cambio importante en la manera en que el gobierno federal evaluará la llamada “carga pública” en determinados trámites migratorios.
El Department of Homeland Security (DHS) publicó una regla final que elimina la regulación establecida en 2022 y devuelve a los oficiales de inmigración una mayor capacidad para considerar las circunstancias individuales de una persona al decidir si es probable que en el futuro dependa de la asistencia pública.
La nueva regla fue publicada oficialmente en el Federal Register el 20 de julio y entra en vigor el 18 de septiembre de 2026. Se aplicará a solicitudes de admisión presentadas desde esa fecha y a solicitudes de ajuste de estatus —incluyendo ciertos procesos para obtener la residencia permanente— enviadas por correo o electrónicamente a partir de ese día.
¿Qué significa “carga pública”?
La ley migratoria de Estados Unidos permite considerar inadmisible a determinadas personas si las autoridades concluyen que probablemente se convertirán en una “carga pública”.
No se trata simplemente de determinar si una persona alguna vez recibió algún beneficio gubernamental.
La ley exige analizar diferentes factores relacionados con la situación del solicitante, entre ellos:
- edad;
- estado de salud;
- situación familiar;
- bienes y recursos económicos;
- situación financiera;
- educación y habilidades.
En determinados casos también puede considerarse el respaldo económico ofrecido por un patrocinador mediante un Affidavit of Support. USCIS ha explicado previamente que la evaluación debe considerar la situación completa del solicitante y no depender únicamente de un solo factor.
¿Qué cambia el 18 de septiembre?
La regulación de 2022 establecía parámetros más específicos sobre cómo debía evaluarse la carga pública.
DHS decidió eliminar esas reglas argumentando que limitaban excesivamente la capacidad de los oficiales para analizar todos los hechos relevantes de cada caso.
En la nueva regulación, el propio departamento señala que la eliminación de la norma de 2022 restaura una discreción más amplia a los oficiales encargados de determinar si una persona probablemente se convertirá en carga pública.
Esto significa que las evaluaciones podrán ser más amplias y dependerán en mayor medida de las circunstancias particulares de cada solicitante.
¿Haber recibido beneficios públicos significa que te negarán la residencia?
No automáticamente.
Ese es probablemente el punto más importante para las familias inmigrantes.
La existencia de la regla de carga pública no significa que cualquier persona que haya utilizado alguna ayuda gubernamental será automáticamente considerada inadmisible.
DHS establece además una diferencia importante relacionada con la fecha del cambio.
Los beneficios públicos sujetos a criterios de ingresos recibidos antes del 18 de septiembre de 2026 serán evaluados bajo las reglas vigentes anteriormente, es decir, de acuerdo con la regulación de 2022.
A partir de la entrada en vigor de la nueva regla, el gobierno tendrá mayor margen para considerar los factores permitidos por la ley en nuevas solicitudes.
Por eso, la situación de cada persona puede ser distinta según el tipo de beneficio utilizado, cuándo lo recibió, su categoría migratoria y el trámite que esté realizando.
No todos los inmigrantes están sujetos a la regla
Existen categorías migratorias que están exentas de la causal de inadmisibilidad por carga pública.
Entre ellas se encuentran, por ejemplo:
- refugiados y asilados;
- ciertas personas con Temporary Protected Status (TPS);
- determinados solicitantes o beneficiarios de visas T y U para víctimas de trata de personas o determinados delitos;
- algunas personas protegidas bajo la Violence Against Women Act (VAWA);
- y otras categorías establecidas específicamente por las leyes migratorias.
USCIS ha reconocido oficialmente estas y otras exenciones.
Por lo tanto, no es correcto asumir que la nueva regulación afecta de la misma manera a toda persona inmigrante que viva en Estados Unidos.
¿A quién puede afectar principalmente?
La causal de carga pública puede aplicarse, en términos generales, a determinadas personas que están:
- solicitando una visa;
- tratando de ingresar legalmente a Estados Unidos; o
- solicitando un ajuste de estatus para convertirse en residentes permanentes.
Sin embargo, existen numerosas excepciones dependiendo de la categoría migratoria bajo la cual se presenta la solicitud.
Una persona que ya tiene residencia permanente tampoco debe asumir que este cambio significa automáticamente que puede perder su Green Card por haber recibido algún beneficio público.
La norma está relacionada principalmente con determinaciones de admisibilidad en determinados procesos migratorios, no con una cancelación automática de estatus por utilizar asistencia pública.
¿Qué pasa con Medicaid, SNAP u otros beneficios?
Esta es una de las preguntas más delicadas y donde es importante evitar generalizaciones.
Bajo la regulación que ha estado vigente desde 2022, muchos beneficios no monetarios —incluyendo determinados programas de alimentación, vivienda y asistencia médica— han recibido un tratamiento específico y, en muchos casos, no han sido considerados para determinar carga pública.
La nueva regla elimina ese marco regulatorio de 2022 y permite nuevamente una evaluación más amplia bajo la autoridad existente en la ley migratoria.
Eso no significa que desde el 18 de septiembre cualquier uso de Medicaid, SNAP u otra ayuda provoque automáticamente una negativa migratoria.
Significa que quienes estén sujetos a la causal de carga pública deberán prestar más atención a cómo las nuevas instrucciones de USCIS definan y apliquen los distintos factores en cada caso.
No abandones beneficios únicamente por miedo
Los cambios en carga pública históricamente han provocado preocupación en familias inmigrantes y, en algunos casos, personas que califican para programas de asistencia han dejado de utilizarlos por temor a afectar su situación migratoria.
Pero existen numerosas excepciones y cada trámite puede tener reglas diferentes.
Antes de cancelar Medicaid, asistencia alimentaria, ayuda para vivienda u otro beneficio al que una familia tenga derecho, es importante determinar primero si la regla de carga pública realmente se aplica a la persona que está realizando el trámite migratorio.
También debe diferenciarse entre beneficios utilizados por el propio solicitante y aquellos recibidos por otros integrantes de la familia.
¿Qué deberían hacer quienes planean solicitar la residencia?
Quienes tengan previsto presentar una solicitud de ajuste de estatus alrededor del 18 de septiembre deberían prestar especial atención a la fecha de presentación y a las nuevas instrucciones que publique USCIS.
La propia regla establece dos períodos claramente diferenciados:
Solicitudes presentadas antes del 18 de septiembre de 2026: continúan sujetas al marco regulatorio anterior.
Solicitudes presentadas a partir del 18 de septiembre de 2026: quedarán sujetas a la nueva regulación.
Personas con dudas sobre cómo sus ingresos, beneficios recibidos o situación familiar podrían afectar una solicitud específica deberían considerar obtener orientación de un abogado de inmigración o de una organización acreditada antes de tomar decisiones sobre sus beneficios o presentar documentación migratoria.
El cambio representa una modificación significativa en la política federal de inmigración, pero no constituye una prohibición general contra los inmigrantes que reciben asistencia pública.
La clave será determinar quién está sujeto a la regla, qué factores puede evaluar el gobierno y cómo USCIS implementará la nueva política después del 18 de septiembre.
