HARTFORD, Connecticut, 5 de noviembre de 2026. Un tribunal federal bloqueó de manera permanente las condiciones de cooperación en materia de inmigración que la administración del presidente Donald Trump había impuesto para acceder a determinadas subvenciones destinadas a la seguridad pública y a los cuerpos policiales estatales y locales.
El juez federal John J. McConnell Jr., del Distrito de Rhode Island, declaró ilegales esas condiciones y prohibió su aplicación. Connecticut participó en una coalición de estados que cuestionó la medida ante la justicia.
Fondos para equipos policiales y programas de seguridad
La decisión afecta a programas de financiamiento autorizados por el Congreso, entre ellos el Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (Byrne JAG), una de las principales fuentes federales de recursos para iniciativas de justicia penal y seguridad pública.
El gobierno federal había vinculado el acceso a esas subvenciones con determinadas exigencias de colaboración en la aplicación de leyes migratorias. Los estados demandantes sostuvieron que el Ejecutivo no podía añadir unilateralmente condiciones ajenas a la finalidad de los fondos.
Entre los años fiscales 2022 y 2025, Connecticut recibió más de $6.8 millones del programa Byrne JAG y $5.1 millones del Byrne State Crisis Intervention Program (SCIP), de acuerdo con la Fiscalía General estatal. Esos montos corresponden a asignaciones de años anteriores y no representan una suma nueva otorgada por la sentencia.
Qué significa la decisión
La resolución impide que las condiciones migratorias cuestionadas sean utilizadas para restringir el acceso a las subvenciones comprendidas en el litigio. Los fondos apoyan distintas iniciativas de justicia penal y seguridad pública, incluidos recursos para departamentos policiales.
El fiscal general de Connecticut, William Tong, destacó la sentencia como una protección para los recursos que reciben las agencias encargadas de combatir el crimen y atender las necesidades de seguridad de las comunidades.
La demanda fue impulsada por fiscales generales de varios estados, entre ellos California, Delaware, Illinois, Nueva Jersey y Rhode Island, con la participación de Connecticut y otros estados.
La decisión se suma a litigios anteriores sobre la facultad del gobierno federal para condicionar recursos estatales a determinadas políticas de inmigración. No modifica por sí misma las leyes migratorias federales ni las normas que rigen los arrestos de inmigración.
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