HARTFORD, Connecticut, 4 de noviembre de 2026. Tres hombres enfrentan cargos federales por su presunta participación en una red de distribución de fentanilo y cocaína que operaba desde dos propiedades de Hartford y abastecía a compradores en Connecticut y estados vecinos.
Los acusados son Denny Guzman, de 34 años, y Nelson Torres, de 50, ambos residentes de Hartford, y Domingo Heredia-Suarez, de 57 años. Los tres se declararon no culpables durante una audiencia celebrada el martes 3 de noviembre ante el juez federal Robert A. Richardson, según la Fiscalía Federal de Connecticut.
Paquetes de droga y un inmueble de almacenamiento
La investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) identificó entregas de paquetes sospechosos a la vivienda de Torres en Madison Street. Los investigadores sostienen que estos eran trasladados posteriormente a un local de Homestead Avenue, presuntamente utilizado para guardar, procesar y empaquetar drogas.
El 30 de agosto, inspectores postales federales interceptaron un envío dirigido a la residencia de Torres que contenía aproximadamente dos kilogramos de cocaína.
El 9 de octubre, los agentes observaron otra entrega en Madison Street y siguieron a los tres hombres hasta el inmueble de Homestead Avenue. Tras sus arrestos, un registro de esa propiedad permitió encontrar un bloque de aproximadamente un kilogramo de fentanilo, materiales para procesar drogas y un arma de fuego. También se encontró una pistola en la vivienda de Torres, mientras que Guzman portaba otra al momento de su detención.
Cargos y situación judicial
Un gran jurado federal presentó el 20 de octubre cargos por conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir al menos 400 gramos de fentanilo y 500 gramos de cocaína, además de posesión de fentanilo con intención de distribuirlo.
Cada uno de esos delitos contempla, en caso de condena, una pena mínima obligatoria de diez años de prisión y una máxima de cadena perpetua. Guzman enfrenta además un cargo vinculado con la posesión de un arma durante un delito de narcotráfico, que contempla una pena consecutiva mínima de cinco años.
Torres y Heredia-Suarez permanecen detenidos, mientras que Guzman fue puesto en libertad bajo una fianza de $100,000. Los tres se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
La investigación está a cargo de la DEA, con asistencia del Servicio de Inspección Postal y participación de la Policía Estatal y departamentos de policía de varias ciudades de Connecticut.
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