Miles de pequeños empresarios en Estados Unidos, incluidos muchos inmigrantes que operan restaurantes, compañías de servicios y comercios, podrían enfrentar nuevas dificultades para financiar sus negocios. La Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU. (SBA) confirmó que, a partir del 1 de marzo de 2026, los residentes permanentes legales —conocidos como titulares de “green card”— dejarán de ser elegibles para varios de los principales préstamos federales dirigidos a pequeñas empresas.
El cambio forma parte de una actualización en las normas de financiamiento empresarial que establece que las empresas que soliciten préstamos respaldados por la SBA deberán ser propiedad en su totalidad de ciudadanos o nacionales estadounidenses. Hasta ahora, las reglas permitían que residentes permanentes legales participaran como propietarios y accedieran a estos programas.
Entre los préstamos afectados se encuentran algunos de los más utilizados por pequeños negocios en el país, como el programa SBA 7(a), que suele emplearse para capital de trabajo, compra de equipos o expansión, y el SBA 504, enfocado principalmente en la adquisición de bienes raíces y activos fijos. Estos créditos han sido durante años una de las principales herramientas de financiamiento para emprendedores, ya que ofrecen tasas competitivas y condiciones más accesibles que muchos préstamos comerciales tradicionales.
Especialistas señalan que la medida podría tener un impacto significativo en sectores donde la participación de empresarios inmigrantes es alta, como la gastronomía, la construcción, el transporte, el landscaping y otros servicios. En muchos casos, estos negocios dependen del acceso a financiamiento para crecer, renovar equipos o mantenerse operativos en períodos difíciles.
Organizaciones empresariales y algunos legisladores han expresado preocupación por el efecto que esta decisión podría tener en la economía local, ya que una parte importante de las pequeñas empresas en Estados Unidos es propiedad de inmigrantes legales que generan empleo y actividad económica en sus comunidades.
El cambio entrará en vigor el 1 de marzo, por lo que expertos recomiendan a los empresarios que estén en proceso de solicitar financiamiento informarse cuanto antes sobre los nuevos requisitos y explorar alternativas disponibles en bancos, instituciones comunitarias o programas estatales.
