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El gobernador responde a las preocupaciones de seguridad en las prisiones; Oficiales de las correccionales piden más PPE

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HARTFORD, Connecticut – Continúa la presión por la seguridad dentro de las cárceles. Esta vez, los activistas llevaron su llamado a la acción directamente al Gobernador. 

COVID-19 va a desenfrenarse en todas las instalaciones correccionales y no tiene ningún sentido “, dijo Erin Corett, miembro del Centro Katal para la Salud, la Equidad y la Justicia.

Los automóviles estacionados frente a la casa del gobernador tocaron sus bocinas en señal de protesta mientras se distanciaban. Llamaron al gobernador a intensificar y proporcionar más protecciones para los ciudadanos encarcelados. Ese mensaje se escuchó alto y claro.

“Hablemos de eso. No necesitamos gente afuera que protesta ahora”, dijo el gobernador Ned Lamont. “Si quieres hablar sobre eso, tienes mi número”.

El comisionado del Departamento de Corrección, Rollin Cook, se unió al gobernador para su rueda de prensa diaria solo un par de horas después de la protesta.

“A partir de esta tarde, nuestro recuento total de la población se ha reducido en 727 desde el primero de marzo”, dijo el comisionado Cook. 

Un número que el Departamento de Corrección dice que es la mayor caída en un mes en la historia del estado y la más baja de la población carcelaria en 27 años.

“Continuamos con liberaciones discrecionales que incluyen colocar a las personas en casas intermedias y devolverlas a sus hogares con un patrocinador bajo la supervisión de un agente de libertad condicional de la agencia”, dijo Cook

El gobernador Lamont dice que el estado está considerando a las personas de bajo riesgo con violaciones menores para ser consideradas para su liberación, al tiempo que prioriza a las personas consideradas de alto riesgo para COVID-19. No liberarán a nadie sin un lugar seguro a donde ir.

“Ya está en algunas instalaciones. Es solo cuestión de tiempo antes de que llegue a cualquier otro lugar”, dijo Sean Howard, presidente de la Unión Correccional Local 387.

Hay 53 pruebas positivas de COVID-19 en la prisión, 32 de ellas son oficiales correccionales. Los representantes sindicales de CO expresaron la necesidad de más PPE. Dicen que tienen poco suministro y no tienen máscaras N-95.

“Nuestro mayor temor es que una vez que alguien lo tenga se propague”, dijo Howard. “Solo queremos asegurarnos de tener el equipo adecuado para evitar la propagación”.

Howard dice que el sindicato ha comprado 10,000 máscaras N-95 que esperan llegar a fines de semana. Han puesto en marcha planes para proteger a sus miembros, así como a los encarcelados. El sindicato no está a favor de liberar más reclusos. Sienten que con la protección adecuada pueden limitar la amenaza a los que están dentro y a la comunidad.

El comisionado Cook dice que los que dan positivo son trasladados a un ala aislada de la prisión. Están trabajando en detalles para abrir una instalación dedicada a esos individuos para aislar.