HARTFORD, CT — Connecticut avanza con una medida para regular el uso de lectores automáticos de placas vehiculares, una tecnología utilizada por agencias públicas y policiales para capturar información de vehículos, incluyendo placas, fechas, horas y ubicaciones.
El proyecto, identificado oficialmente como HB 5449, “An Act Concerning Automated License Plate Reader Systems”, busca establecer reglas sobre el uso de estos sistemas y proteger los datos derivados de ellos. Según la Asamblea General de Connecticut, el propósito de la medida es regular el uso de los lectores automáticos de placas y salvaguardar la información recopilada por esta tecnología.
Los lectores automáticos de placas, conocidos como ALPR por sus siglas en inglés, son cámaras capaces de registrar placas de vehículos que circulan por calles, carreteras, estacionamientos u otras áreas monitoreadas. Estos sistemas pueden ser utilizados por las autoridades como herramienta de apoyo en investigaciones, recuperación de vehículos robados o búsqueda de personas.
Sin embargo, el uso de esta tecnología también ha generado preocupaciones por privacidad, vigilancia y manejo de datos personales. Una de las principales inquietudes es quién puede acceder a la información recopilada, cuánto tiempo puede conservarse y si esos datos podrían ser compartidos con otras agencias o jurisdicciones.
El texto oficial del proyecto establece disposiciones relacionadas con el uso de los sistemas automáticos de lectura de placas y la protección de la información obtenida a través de ellos. Además, documentos legislativos indican que la propuesta fue revisada dentro del Comité Judicial de la Asamblea General, donde recibió testimonio público sobre sus posibles impactos.
La medida no elimina el uso de lectores automáticos de placas en Connecticut, pero sí busca imponer límites más claros sobre su operación, el acceso a los datos y las condiciones bajo las cuales esa información puede ser utilizada.
El debate forma parte de una conversación más amplia sobre el equilibrio entre seguridad pública, privacidad y el uso de nuevas tecnologías por parte de agencias gubernamentales.
