HARTFORD, Connecticut. General Motors pagará 220 millones de dólares para resolver acusaciones de que recopiló y vendió información privada sobre los hábitos de manejo y la ubicación de millones de conductores a empresas intermediarias que comercializaban esos datos con aseguradoras. En Connecticut, al menos 123,143 residentes se vieron afectados, según la Fiscalía General del estado.
El acuerdo, anunciado el jueves 29 de octubre, fue alcanzado por una coalición de 36 fiscales generales estatales. Connecticut recibirá más de 6 millones de dólares como parte de la resolución y participó en la investigación y negociación del caso.
Qué información se vendía
Entre 2016 y 2024, General Motors incorporó a millones de conductores a su programa Smart Driver, presentado como una herramienta para conocer y mejorar los hábitos de conducción. La investigación de los estados concluyó que la empresa vendía datos identificables a intermediarios bajo acuerdos que contemplaban su uso en productos de seguros.
La información incluía la cantidad de viajes realizados, las horas de inicio y finalización, episodios de frenado o aceleración brusca y registros sobre exceso de velocidad. Las empresas intermediarias podían revender esos datos a aseguradoras, que los utilizaban para evaluar riesgos y, en determinados casos, modificar las primas.
Según los investigadores, muchos clientes se inscribieron durante la compra del vehículo, mediante procesos vinculados a los servicios OnStar. Los estados alegaron que, en algunos casos, empleados de concesionarios aceptaron términos en nombre de los clientes sin su autorización.
La Fiscalía también señaló que una falla en la aplicación OnStar mostró incorrectamente a más de 370,000 conductores que no estaban inscritos en Smart Driver, aunque sus datos estaban siendo recopilados. General Motors descontinuó posteriormente ese programa.
Qué deberá hacer GM
El acuerdo exige que General Motors obtenga el consentimiento expreso de los consumidores antes de recopilar o divulgar determinados datos de conducción y localización. También establece límites a la recolección de información, medidas de seguridad, evaluaciones de privacidad y controles sobre los procesos de inscripción en concesionarios.
La Fiscalía de Connecticut inició actuaciones contra la empresa en 2024 bajo la Ley de Privacidad de Datos del estado. El fiscal general William Tong señaló que el caso demuestra la importancia de proteger la información generada por los vehículos conectados.
El monto anunciado corresponde al acuerdo multiestatal y no significa que cada conductor afectado recibirá automáticamente un pago. El anuncio oficial no establece en esos términos un programa de compensación individual para los 123,143 residentes mencionados.
El caso pone de relieve que los datos recopilados por un automóvil pueden influir en decisiones económicas fuera del vehículo, incluidas las tarifas de seguros, y que los consumidores deben conocer qué información se recopila y con quién se comparte.
Fuente: Fiscalía General de Connecticut, 29 de octubre de 2026. Imagen referencial.
